lunes, 8 de noviembre de 2010

En reclamo por sus derechos, los trabajadores se enfrentan a duras patronales.

Despidos, inseguridad laboral y presiones 
La falta de prevención y las malas condiciones de trabajo en general, son algunas de las problemáticas que afectan a los empleados en relación de dependencia. Estas situaciones se evidenciaron en conflictos como el de Sancor, el del lavadero Virasoro y en las tragedias producidas durante la construcción de edificios.


La ONG “Manos a la obra” realizó una campaña para evitar los accidentes en las obras en construcción. El titular de la organización, Narciso Canteros, aseguró que el año pasado no hubo que lamentar a ninguna víctima, gracias a este programa de prevención y a la divulgación de los medios. “Al iniciar este proyecto teníamos la ilusión de que el compañero que vaya a ganarse la vida no la termine perdiendo”, expresó el obrero.

Según explicó Canteros, las medidas básicas de seguridad para el obrero en relación de dependencia son: la utilización de guantes, antiparras, protectores auditivos, ropa y botines de seguridad. A su vez, la empresa tiene la obligación de proveer estos elementos y además debe hacerse cargo de la capacitación de los empleados.

La arquitecta Ana López Campillo además es Oficial de Justicia en tribunales y realiza peritajes sobre cómo se resiente la salud en los puestos de trabajo. Respecto a las medidas de seguridad, advirtió que en Rosario hay 60 inspectores que son los responsables de los controles en las obras en construcción. “Son pocos para realizar los seguimientos si se piensa que todos los trabajadores, empresas y directores de obra son infractores”, acusó la experta. Además advirtió que “el principal problema es que hay una ley que no se cumple” desde el momento en que se sube a un andamio a una persona que no está capacitada o sin sus elementos.

En 2008 se derrumbó un edificio en Urquiza y Santiago, el cual dejó un saldo de dos muertos. El hecho fue tipificado como de negligencia en un mal cálculo, ya que se agregó una mayor cantidad de hormigón del que soportaba la estructura. “La Justicia determinó que los culpables son los de Higiene y Seguridad, la empresa y el responsable técnico, pero sólo los procesó”, desaprobó Narciso Canteros.

Héctor Romero es delegado de Sancor, y está inmerso en el conflicto de la empresa con los trabajadores, que se agudizó en mayo con el despido de cinco empleados y en septiembre de otros seis. Esto llevó a un acampe del personal frente a la planta, además hubo cortes de calle, metros antes del acceso al puente Rosario Victoria. “Nosotros siempre somos los malos y las empresas las pobrecitas que sufren las concecuencias de los obreros que cortan las rutas”, ironizó el operario.

En 2008 el personal denunciaba que Sancor estaba cerrando sucursales en todo el país. En los últimos cinco años cerró 69 fábricas y quedaron sólo dos: la de Rosario y la de Santa Fe. Luego quisieron clausurar la de la capital provinciana, pero los compañeros de Rosario enviaron una comitiva e instaron a los trabajadores para que se nieguen. Finalmente la planta no cerró. La industria láctea incentibaba a sus empleados para que renuncien, otorgándoles un incentivo de 50 mil pesos. El subsidio se le descontaba al resto de los trabajadores, que no tenían posibilidad de rechazar ese descuento. Sin embargo los reclamos no sólo fueron debido a los despidos, otras de las cuestiones que se reclamaban eran la falta de seguridad en el trabajo, las malas liquidaciones de los sueldos y los cierres de fábricas y sucursales.

Cuando los empleados de Rosario quebraron su relación con el sindicato nacional, se produjeron amenazas, según Héctor Romero. El secretariado envió a barrabravas de la hinchada de Colón para extorsionar al personal de la ciudad. “Han ocultado cosas y se han encargado de desdibujar la noticia”, denunció el trabajador de Sancor en base al actual conflicto. A su vez el operario reconoció que en el ámbito de la construcción los reclamos son más difíciles de efectuar. “El primero que zapatea no trabaja más”, admitió.

Cristian Aquino, ex empleado del lavadero Virasoro aseguró que salió a reclamar por sus derechos para buscar mejores condiciones laborales. En tanto, admitió que se trató de “un enfrentamiento duro, con una patronal muy dura”, el cual se prolongó durante seis meses. “El jefe gastó dos millones 600 mil pesos en querer comprarnos y entregarnos a la policia para levantar el conflicto, pero no lo logró”, aclaró. Actualmente hace cinco años que no tiene un empleo estable, pero está orgulloso por lo que hizo. “Ese trabajo era realmente insalubre porque los químicos que se utilizaban eran cancerígenos”, acusó el ex empleado. El antiguo personal del comercio ahora inició una coperativa con la indemnización que recibieron. “No hay que agachar la cabeza, hay que aprender a decir no”, aconsejó.

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